El art. 38 de la Constitución Española dispone que : Se reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y que los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad.

Por otra parte, en la misma Constitución se reconocen como derecho fundamentales de las personas: El derecho a la Dignidad ( art. 10); el derecho a la intimidad a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones ( art 18); y el derecho a la libertad de expresión (art 20).

La cuestión que se plantea es la de cómo puede el empresario en el ámbito de sus facultades de dirección, control y organización de los medios de producción; y en ejercicio de la potestad sancionadora respecto a sus trabajadores, puede utilizar las nuevas tecnologías, como la grabación de imágenes, inspección de ordenadores, grabaciones de voz, para ejercer ese control y organización de los medios de producción y para probar la comisión de faltas por los trabajadores por las que puedan ser sancionados, sin que por ello se vulneren sus derechos fundamentales.

Para ello hay que distinguir entre el ejercicio del poder de control y organización del empresario y el ejercicio del poder de vigilancia a los efectos de ejercer el poder sancionador del mismo. Y así en el primer caso, la empresa podrá utilizar los medios de control que le permiten las nuevas tecnologías cuando estos medios sean los necesarios, sean los idóneos; se justifique el interés empresarial que se quiere proteger con el los medios empleados. Y además se comunique previamente a los trabajadores y a sus representantes la utilización de los mismos. En el segundo caso, es decir en el ejercicio de la potestad sancionadora, estos requisitos no serán necesarios cuando por parte de la empresa se tengan indicios fundados de que por parte de algún trabajador se está cometiendo un acto ilícito (hurtos, fraudes, mala fe, abuso de confianza, etc……); a excepción del acceso al ordenador del trabajador para ser inspeccionado por la empresa, en que sí será necesaria la presencia de los representantes de los trabajadores.

De lo expuesto se desprende que si bien la Constitución Española reconoce como derechos fundamentales de la personas, el derecho a la dignidad, al honor, la propia imagen, a la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones, como derechos inviolables, contradictoriamente dichos derechos pueden verse afectados en el ámbito laboral por el poder dirección, organización y sancionador de la empresa, la cual respetando una serie de garantías puede establecer medios de control que pueden afectar a los mismos.

En el caso de que por parte de la empresa no se respetasen estas garantías, las pruebas así obtenidas serían declaradas nulas por los tribunales y por lo tanto no serían aceptadas para justificar cualquier tipo de sanción al trabajador.